“O SUBORDINACIÓN O CAMINO PROPIO”

Posted: 2012/12/30 in EKONOMIA

Necesitamos un sistema vasco de seguridad social

El 1 de enero de 2013 entran en vigor las medidas aprobadas para reformar las pensiones. Para esta reforma, que supone un retraso en la edad de jubilación y un endurecimiento de las condiciones para acceder a la pensión, el Gobierno de Zapatero contó con los apoyos de CCOO, UGT, CEOE y CEPyME. Etxaide, que augura nuevos ataques en los próximos meses, reclama para Euskal Herria la capacidad para decidir «el cómo y para qué utilizamos nuestros impuestos y cotizaciones».

LAB

El 27 de enero de 2011 Euskal Herria paró. El motivo de la huelga general fue el rechazo de nuestro pueblo a la reforma de pensiones que el Gobierno de Zapatero aprobó, con el apoyo de CCOO, UGT, CEOE y CEPyME. Esta reforma, que entra en vigor el 1 de enero de 2013, suponía y supone una de las mayores agresiones sociales de los últimos tiempos: aumento de la edad legal de jubilación a los 67 años, exigencia de mayores años de cotización, disminución en las cuantías de las pensiones… Un auténtico mazazo para el conjunto de la clase trabajadora, y en especial, contra la juventud y las mujeres. Alargar la edad de jubilación, junto al desempleo, la precariedad, el trabajo parcial, los contratos temporales, los salarios miserables… es suicida e insolidario. Por un lado, cada vez menos personas tendrán acceso a pensiones y estas serán de menor cuantía; por otro, miles de personas, jóvenes y mujeres, verán finiquitado el derecho a contar con una pensión.

Son decisiones de estado y el Estado ha decidido que las pensiones deben perder valor, como se lo están haciendo perder a los salarios y las prestaciones de desempleo. El Estado se ha puesto del lado de la amnistía fiscal, de la protección de las grandes fortunas, del aumento de los salarios de ejecutivos y banqueros, de la patronal, de la prioridad del rescate bancario… y el Estado y quienes lo apoyan están decididos a que Euskal Herria y su clase trabajadora no puedan decir nada en todo ello.

LAB1Durante 2012, el Gobierno español, absolutamente sometido al poder financiero, ha seguido chapoteando en el charco de los recortes en materia de pensiones. PP y PSOE pactaron cambiar la Constitución para imponer la preferencia de la banca a la hora de cobrar la deuda frente a las necesidades sociales. Esta imposición antidemocrática ha tenido su reflejo y continuidad en el tratamiento de las pensiones. Las personas pensionistas han sido víctimas de decisiones que acrecientan la desigualdad y que los empobrece. Primero fue la congelación del PSOE, y ahora la decisión del PP de mantener las pensiones por debajo del IPC.

Al mismo tiempo, hemos podido comprobar a lo largo de 2012 el carácter discriminatorio de la legislación española a la hora de reconocer la cotización de los contratos a tiempo parcial, lo que afecta especialmente a las mujeres. Hemos podido comprobar el carácter injusto de la Seguridad Social española, que mantiene a centenares de miles de personas con pensiones inferiores a los 700 euros. Hemos podido comprobar el nivel de desprotección al que están dispuestos a llegar, aumentando de los 52 a los 55 años la edad para acceder al subsidio asistencial en el caso de personas paradas de larga duración. Y finalmente, hemos podido comprobar que este sistema de Seguridad Social, de recorte en recorte, no satisface las necesidades de protección de las trabajadoras y trabajadores de Euskal Herria.
Todos estos elementos son suficientes para percibir las negativas consecuencias que suponen para la clase trabajadora vasca estar atada a la deriva económica y política del Estado español, absolutamente sometido a los imperativos del neoliberalismo más feroz. El Estado español se ha convertido en una auténtica carnicería de los derechos laborales y sociales. Carnicería que también pretende aplicar en Euskal Herria desde la imposición y el consentimiento de los gobiernos de Gasteiz e Iruñea. La Caja única es la única manera que tiene el Estado español para abortar un modelo alternativo de gestión de las pensiones, más justo y acorde con los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo. El poder financiero y político español ha convertido a la Caja única en el objeto de deseo para su supervivencia como negocio.

Tanto el capital como los estados van a aprovechar la gestión de la crisis para acelerar el ritmo que los conduzca a su objetivo final: pensiones públicas de baja calidad y carácter asistencial, que permitan ampliar las oportunidades para los planes de pensiones de los bancos. Las políticas actuales de recortes en los servicios públicos no tienen otro fin que el rescate y la liquidez de la banca. Vaciar la caja de la Seguridad Social es el rescate futuro que se nos pretende imponer para mantener el negocio y la supremacía del poder financiero. Acabar con el Fondo de Reserva es la antesala de la expansión de la privatización de la Seguridad Social.

En los próximos días y semanas vamos a asistir a nuevas agresiones desde Madrid. La gran responsabilidad de CCOO y UGT, incapaces de hacer una lectura autocrítica del apoyo dado a la última reforma de pensiones, es la de haber puesto las herramientas en las manos del cirujano. Un cirujano que no tiene ninguna intención de curar. Tan solo extirpar órganos vitales para el bienestar de la población como son las pensiones.

De esta manera, el PP va a pretender una nueva vuelta de tuerca, y lo va a hacer pronto. Para ello, va a aprovechar el trampolín puesto a su disposición por la reforma de Zapatero, CCOO, UGT y CEOE para aplicar nuevos recortes: el endurecimiento y penalización de la jubilación anticipada, la práctica desaparición del contrato de trabajo parcial y la introducción del factor de sostenibilidad. Este factor de sostenibilidad va a convertirse en una auténtica bomba de relojería. Ligar el sistema de pensiones de manera automática a criterios como el de la esperanza de vida va a suponer que los criterios de edad de jubilación, el cálculo de las cuantías, la no vinculación con el IPC… se endurezcan tremendamente. El resultado es claro: jubilaciones más tardías y más escasas para quien pueda.

El sistema de pensiones es un pilar fundamental en un modelo social que pretenda ser justo y solidario. En estos momentos, a Euskal Herria no solo se le niega este pilar, sino que además se le impone un modelo social que está en las antípodas de la justicia y la solidaridad. Nos encontramos ante un problema de gran envergadura política. O son la CEOE, la patronal de la Banca, el Pacto de Toledo, el Gobierno español y los sindicatos estatalistas quienes gestionan nuestras pensiones o somos quienes vivimos en Euskal Herria quienes deberíamos decidir la gestión del cómo y para qué utilizamos nuestros impuestos y cotizaciones.

Los gobiernos de Gasteiz e Iruñea no pueden mirar para otro lado o alegar la falta de competencias; que se opongan firmemente a la reforma y que aquí, en Euskal Herria, no se aplique. Exigimos que aquí y ahora garanticen nuestras pensiones públicas. Y nosotras y nosotros nos vamos a movilizar por ello. El conjunto de agentes sociales, sindicales y políticos tienen que comprometerse con este objetivo en las próximas semanas. Nos encontramos ante cuestiones estratégicas como pueblo y como modelo social. Se hace urgente tomar decisiones de calado. O el camino de la subordinación o el de la opción por un camino propio.

Ainhoa Etxaide
Secretaria general de LAB

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