Rufi Etxeberria: “La decisión de ETA no tiene marcha atrás, dudar de ello es irresponsable”

  - Los verificadores están preocupados por el hecho de que los miembros de ETA lleven pistolas. ¿Deben desprenderse de ellas?
– El grupo no tiene ninguna duda de que la decisión de ETA de abandonar la actividad armada no tiene marcha atrás. Pero constata que sigue siendo una organización clandestina que todavía dispone de su armamento. Hace una consideración de que portar armas encierra un peligro potencial y ha hecho llegar a ETA esa cuestión, que obedece al sentido común. La cuestión política relevante es que existe una voluntad de ETA de cerrar cuanto antes el ciclo de confrontación armada, y esa fase se tiene que hacer de manera dialogada y ordenada.

– ¿Le preocupa que, al ir armados, se pueda reeditar algún enfrentamiento con la Policía?
– A nadie se le escapa que pueda haber alguna situación no deseada, pero el grupo de verificación nos hizo llegar que por parte de ETA hay un compromiso de no utilización de armas en ningún caso. Es decir, que aunque porten esas armas, no van a ser utilizadas en ningún momento. El grupo de verificación siente a la vez alivio por ese compromiso.

– A raíz de las últimas detenciones en Francia, se ha creado cierta confusión tras afirmar el ministro de Interior que ETA sigue activa, mientras los verificadores lo niegan. ¿Descarta usted cualquier involución en la decisión de ETA, incluso aunque el Gobierno español siga en su actitud de no dar pasos?
– No hay lugar a ningún tipo de involución. La decisión de ETA es estratégica, irreversible y no tiene vuelta atrás. Y eso lo ha dicho ETA. Ha tomado tres grandes decisiones en su historia y siempre han sido claras: su surgimiento, continuar la lucha armada en la Transición y ésta del cierre definitivo de su accionar armado. Una decisión que, además, cuenta con el crédito de la mayoría social vasca.

– Pero no con el crédito del PP.
– Es la única fuerza política que no da crédito y que está intentando tergiversar la realidad, construyendo informaciones falsas. La pregunta es a qué responde esa actitud irresponsable. Creemos que obedece a que el PP no quiere aceptar el nuevo tiempo político que vive el país, porque eso le exigiría un cambio de estrategia radical. Sigue atrincherado en el pasado y no quiere abordar el nuevo tiempo de soluciones que demanda la sociedad vasca. Pero el PP va a tener que cambiar y estamos convencidos de que lo hará.

– ¿Por qué está convencido?
– El muro del ‘no’, del bloqueo y del inmovilismo del PP va a caer por la voluntad y determinación de la sociedad vasca, que quiere una nueva situación, un nuevo escenario de paz y normalización en el país, al igual que el arco político y sindical y la comunidad internacional.

– ¿A qué responde esta actitud del nuevo Gobierno?
– Probablemente a resistencias internas o por la repercusión en su credibilidad ante determinados medios de comunicación.

– En todo caso, ¿por qué ETA no inicia su desarme?
– El segundo punto de la declaración de Aiete marca una pauta de que los dos gobiernos y ETA traten las cuestiones referentes al desarme, los presos y la desmilitarización. El desarme se tiene que hacer de una manera acordada, y monitorizada por un tercero que cuente con el plácet de ambas partes. Y no tiene que quedar ninguna duda de que ese proceso se cierra bien. Un proceso unilateral siempre estará sujeto a dudas.

-¿El desarme no sería la manera más rápida para comenzar a abordar medidas a favor de los presos?
– La cuestión de los presos tiene dos fases. La primera, la de la humanización, se tiene que acometer de manera urgente. Hay que atender a la legislación vigente. Los presos enfermos o que han cumplido tres cuartas partes de la condena deben recobrar la libertad, y tiene que acabar la dispersión. En la segunda fase entra lo relativo a todos los presos y refugiados, y al desarme. Hay que cerrarla en su conjunto.

– ¿Cómo desatar este nudo si el Gobierno se niega a dar pasos mientras ETA no se desarme?
– La voluntad de ETA es manifiesta. Tiene disposición a desarmarse.

– ¿La actitud del Gobierno puede dilatar la marcha del proceso abierto tras el cese de la violencia?
– El proceso no se para porque la sociedad vasca sigue aunando voluntades. Es el PP el que cada vez está más solo y tiene la asignatura pendiente de adecuarse a la nueva realidad. Lo que generará su actitud es un mayor rechazo de la sociedad.

- ¿La izquierda abertzale ha logrado contactar con el PP vasco?
– El PP es la única de las cuatro grandes culturas políticas (PNV, PSE, izquierda abertzale y los populares) que se opone a una línea de intervención común. Las otras tres culturas están en disposición de aunar esfuerzos y le piden al PP que actúe en consonancia con los nuevos tiempos. Seguimos trasladándole de manera pública y privada nuestra disposición a entablar relación.

-¿Y cristalizará a medio plazo?
– Está en su tejado, pero estoy convencido de que tarde o temprano se va a dar ese cambio.

– ¿Le consta si ETA ha intentado contactar con el nuevo Gobierno?
– No nos consta, aunque es notorio que ETA tiene abierta esa puerta.

– ¿Observa diferencias en la actitud del Estado francés?
– No da ningún paso mientras el Gobierno español no avance, aunque hay destellos diferentes. El partido de Sarkozy ha dado pasos en la Asamblea Nacional sobre el acercamiento de los presos vascos.

- ¿Están los presos y sus familias preparados para un proceso largo?
– Son conscientes de que la vuelta a casa de presos y refugiados será gradual y costará un tiempo. Pero no comprenden que se aplique a los presos una política de venganza.

– ¿Asumen, como advierte el Gobierno, que no va a haber amnistías ni salidas colectivas?
– El Gobierno trata de generar cortinas de humo para no responder a las cuestiones de fondo. Para desdramatizar y situar los contenidos de cada concepto, en la sociedad vasca lo único que se entiende por amnistía es que los presos y refugiados vuelvan a casa. Lo relevante no es cómo, sino que vuelvan.

– El Gobierno se inclina por la ‘vía de Nanclares’, que los reclusos pidan perdón o se alejen de la violencia, como recoge la ley, para optar a beneficios penitenciarios.
– El colectivo de presos firmó hace unas semanas, junto al resto de miembros del Acuerdo de Gernika, una declaración sobre las víctimas de gran trascendencia. Recoge el reconocimiento y reparación de las víctimas de las diferentes violencias, también la de ETA; y el reconocimiento del daño causado. Y da un gran paso al mostrar su pesar a los familiares de las víctimas mortales y recoger que ha habido actitudes de cierta insensibilidad con su sufrimiento. Esa es la actitud que muestra el colectivo de presos en su conjunto y que, probablemente, en su momento lo tendrán que hacer de manera individualizada para que se les apliquen los beneficios.

– ¿Se ha planteado la izquierda abertzale pedir perdón a las víctimas de ETA por el daño causado? ¿Qué puede hacer para que éstas crean en la sinceridad de su apuesta?
– Siguiendo la estela del Acuerdo de Gernika, el conjunto de actores debe reconocer a las víctimas de las diferentes violencias. La izquierda abertzale muestra su pesar ante los familiares de las víctimas. No vamos a hacer ‘la del avestruz’ sobre la situación de sufrimiento que ha generado ETA. La izquierda abertzale no va a huir de sus responsabilidades. Pero pedimos al resto de fuerzas que actúen en consonancia. Es una mochila que no podemos dejar a generaciones futuras.

– ¿Es lo mismo una víctima de ETA que un miembro de ETA que muere al ir a poner una bomba?
-El conflicto ha dejado un reguero de víctimas. Esto no se puede obviar y todas merecen el reconocimiento, independientemente de las consideraciones políticas. Nosotros no entramos a hacer comparaciones. No queremos equiparaciones o tratamientos de igualdad.

– La izquierda abertzale ha retomado contacto con el PNV y lo intenta con el PP. ¿Y con el PSE?
– A excepción de UPN, PP y UPyD, con las que también deseamos hablar, con el resto de fuerzas mantenemos relación.

– El viernes el lehendakari pidió a Rajoy la legalización de Sortu y cambios en política penitenciaria. ¿Aprecian en el Gobierno Vasco una mayor flexibilidad?
– Su discurso se está acomodando al nuevo tiempo y hay una actitud de interpelación que no tenían con Zapatero. Su dinámica actual es interesante y positiva. El lehendakari trasladó a Moncloa el mandato mayoritario de la ciudadanía: dar inicio a una dinámica progresiva de pasos que nos conduzcan a la resolución del conflicto político. La política penitenciaria y la legalización de Sortu deben ser los dos primeros pasos del proceso de soluciones.

– El día 7 hará un año de que Sortu presentó sus estatutos contra la violencia. ¿Logrará la legalización?
– La sociedad vasca ya acepta la legalidad de la izquierda abertzale. El Constitucional debe decidir rápido.

– ¿Cuál es su estrategia para las elecciones autonómicas vascas?
– La situación antidemocrática del Parlamento Vasco debe superarse. Desconocemos cuándo se van a convocar pero la apuesta es revalidar y ampliar la coalición de fuerzas independentistas, sea Sortu legal o no, y liderar el nuevo tiempo con la triada de paz, soberanía y bienestar. Pedimos confianza a la ciudadanía y le daremos a cambio participación.

– ¿Otegi será el candidato?
– Sería el candidato ideal pero lo prioritario es que él y decenas de militantes independentistas recobren la libertad. Y luego se dilucidará entre los miembros de la coalición.

 
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A Txus Martín le han aumentado la medicación, ¿Prefieren sedarlo?

Es cierto que en la cárcel se hace uso desmedido de la medicación, y lo normal es pensar que prefieren mantener a los presos sedados. En este caso, se trata de doblar la dosis del antidepresivo. Por lo tanto, ellos mismos ven la necesidad de aumentarle, porque es cierto que Txus se encuentra más depresivo y con gran falta de motivación. Esto no cuadra con el mismo informe, que por un lado indica doblar la dosis de la medicación y por otro que el paciente se encuentra mejor, que tiene buen aspecto y acepta bien el tratamiento. Es completamente incoherente.

¿Qué tratamiento necesita?

 Mientras está en prisión, es difícil que pueda mejorar. Lo único que podemos conseguir es que se encuentre lo más estable que podamos. Para un tratamiento adecuado, hay que tratar los síntomas sicóticos, por un lado, con medicación y, por otro, con sicoterapia semanal. Se tienen que rehabilitar los déficits cognitivos, entrenarlo en habilidades sociales, realizar intervención familiar, seguir un tratamiento de las alteraciones emocionales, reducir del estrés y dar un entorno de confianza y solidaridad que ayude a conseguir estos logros. Es imposible realizar un tratamiento completo mientras esté en prisión. La cárcel no garantiza ninguno de los requisitos imprescindibles para la mejora  y, además, supone el factor estresante más importante que padece. Por lo tanto está en manos de la cárcel y será también su responsabilidad cualquier alteración que pueda vivir. Está en sus manos la aplicación del protocolo de suicidio y evitar cualquier factor estresante o castigo.

¿Por qué se prohíbe la visita de un médico de confianza?

Porque los presos consiguen algo que necesitan, que puedan hablar en confianza, que se sientan arropados y cuidados, que un profesional les diga la verdad, que la familia esté al tanto del estado de su ser querido, que se intenten acelerar los tramites sanitarios, que ellos y ellas mejoren, que pongamos en duda el trabajo de otros profesionales, que conozcamos lo que pasa en prisión, que consigamos sacarlos a la calle, que se respete su derecho a la salud… en fin, todo lo bueno que tiene para nosotros.

PNV, PSE y PP van a colar una disposición transitoria en la Ley de la Autoridad de la Competencia para aplazar la renovación de los órganos de las Cajas de Ahorro.

Una sentencia del Tribunal Constitucional ve ilegales estas tretas.

Aplazar la renovación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro de la CAV introduciendo una enmienda en la primera ley, sea de lo que sea, que fuera a aprobarse en el Parlamento de Gasteiz. Ese era el objetivo de PNV, PSE y PP y así lo harán este jueves -si nada lo impide- a través de una disposición adicional añadida a la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia, que no tiene ninguna relación con las entidades de ahorro.

La maniobra -de la que no se recuerdan precedentes en la Cámara autonómica- tiene apariencia de irregular, puesto que la iniciativa, que altera lo establecido en los estatutos de las Cajas, se presentará en el mismo pleno sin haber pasado por ningún trámite previo de control de su legalidad, como pudiera ser la calificación de la Mesa o la petición de un informe de los servicios jurídicos.

Además, la Sentencia 119/2011, de 5 de julio, del Tribunal Constitucional, establece la necesidad de que haya una relación entre una enmienda y la ley enmendada, puesto que una “enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa”. Con este razonamiento anuló la decisión de la Mesa del Senado de diciembre de 2003 (mayoría absoluta del PP) de admitir reformas en el Código Penal -como la que castigaba la convocatoria de consultas- a través de enmiendas a la Ley de Arbitraje.

Renovaciones en marzo y abril

De acuerdo con sus estatutos, BBK, Kutxa y Vital Kutxa deben renovar la mitad de sus asambleas generales, consejos de administración y comisiones de control entre el 1 de marzo y el 30 de abril, en unos procesos electorales que en algún caso están ya en marcha.

PNV, PSE y PP pretenden suspender estos procesos y prorrogar hasta un máximo de seis meses el mandato de los cargos que ahora debían renovarse. Alegan que cuando el Parlamento de Gasteiz apruebe la nueva Ley de Cajas, habrá que renovar otra vez sus órganos de gobierno y que gracias a esta prórroga se evita acumular dos procesos electorales en un plazo de pocos meses.

Pero a nadie se le escapa que la actual composición de los órganos de gobierno de las cajas dista mucho de responder a la representación social de cada territorio que se constató en las pasadas elecciones municipales y forales. Por ejemplo, el aplazamiento electoral conllevaría un notable retraso en la incorporación a las asambleas de representantes de Bildu, primera fuerza en número de concejales en la CAV y con fuerte presencia en las Juntas Generales de los tres territorios.

Especialmente notable es el caso de Gipuzkoa, donde gobierna la Diputación y el Ayuntamiento de Donostia (entidades fundadoras que tienen 20 de los 100 de la Asamblea General), y la inmensa mayoría de las corporaciones municipales en cuyo término tiene abiertas oficinas Kutxa (que suman otros 30 representantes en la Asamblea General).

El aplazamiento también retrasa la traducción del poder del PP en Araba en los órganos de Vital Kutxa. Pero en este caso, la pérdida temporal se ve compensada por el acuerdo alcanzado con el PNV para repartirse entre ambos partidos el Consejo de Administración de Kutxabank.

Los próximos meses serán decisivos en la definición y organización del nuevo banco, por lo que el aplazamiento en la renovación de los órganos no es anecdótico.

En la primera ley que llegue

PSE, PNV y PP acordaron introducir una enmienda para prorrogar el mandato de los actuales órganos de gobierno de las Cajas en la primera ley que fuera a aprobarse en el Parlamento, y la pasada semana cerraron el texto para introducir una disposición adicional en la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia.

Se hará, además, aprovechando una de las enmiendas reservadas por el PNV para el debate en pleno, para dar lugar a una enmienda transaccional que nada tiene que ver con la ley debatida y que ni siquiera se ha discutido y analizado durante la tramitación parlamentaria.

PNV, PSE y PP colarán así que los cargos que estatutariamente debían ser relevados “quedarán automáticamente prorrogados, de forma excepcional” hasta la renovación de órganos a la que obligará la Ley de Cajas cuando se apruebe en el Parlamento. El plazo máximo es de seis meses.

La STC 199/2011

La utilización de una enmienda en una ley para alterar algo que no tiene nada que ver con su contenido fue considerado ilegal por el Tribunal Constitucional en su sentencia 199/2011, que anuló los cambios introducidos por el PP de José María Aznar en el Código Penal aprovechando una reforma de la Ley Arbitral en el Senado.

El Constitucional establece que “la enmienda, conceptual y lingüísticamente, implica la modificación de algo preexistente, cuyo objeto y naturaleza ha sido determinado con anterioridad; solo se enmienda lo ya definido”.

Señala que, al aceptar una enmienda que no tiene nada que ver con el texto enmendado, “se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa”. Lo que debería conllevar la superación de todo su trámite de aprobación.

El Tribunal recuerda que existen mecanismos para aprobar normas con urgencia y asegura que “desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa no deja de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente”. Y concluye que “una buena política legislativa puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible debe asumir el coste democrático que pueda tener pero no forzar la Constitución”.